MIQUEL NOGUER - Barcelona
La Generalitat de Cataluña respondió ayer a los sondeos que alertan de un incremento del sentimiento racista en esta comunidad anunciando una vaga política de mano dura contra los inmigrantes en situación irregular o que necesiten renovar sus permisos de residencia. El Gobierno de Artur Mas anunció que los inmigrantes deberán certificar sus conocimientos de lengua catalana como un "requisito muy determinante" para poder avalar su "esfuerzo de integración" en la sociedad catalana, en los expedientes de arraigo, reagrupación familiar y renovación del permiso de residencia.
El objetivo de la Generalitat es, según dijo su portavoz, Francesc Homs, dejar claro que integrarse pasa por "conocer" el catalán. Para hacerlo, el Gobierno de Convergència i Unió deberá forzar al máximo la Ley de Acogida aprobada por el anterior Gobierno catalán y que fijaba el catalán como lengua prioritaria en los cursillos de integración de inmigrantes. La ley, sin embargo, fija que el castellano también será objetivo de enseñanza una vez los inmigrantes hayan tenido su primera inmersión en el catalán.
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El objetivo de la Generalitat es, según dijo su portavoz, Francesc Homs, dejar claro que integrarse pasa por "conocer" el catalán. Para hacerlo, el Gobierno de Convergència i Unió deberá forzar al máximo la Ley de Acogida aprobada por el anterior Gobierno catalán y que fijaba el catalán como lengua prioritaria en los cursillos de integración de inmigrantes. La ley, sin embargo, fija que el castellano también será objetivo de enseñanza una vez los inmigrantes hayan tenido su primera inmersión en el catalán.
Competencia estatal
Las ansias del Gobierno de CiU para presentarse ante la ciudadanía como el más duro con la inmigración pueden quedar en nada. De entrada porque, si bien las comunidades y los Ayuntamientos pueden participar a la hora de acreditar el grado de integración de un inmigrante, es el Gobierno central quien, en última instancia, decide si alguien puede obtener o renovar su permiso de residencia. Además, la ley catalana de integración de inmigrantes fue fruto de un recurso en el Tribunal Constitucional por parte de la defensora del pueblo María Luisa Cava de Llano al entender que establece una preferencia lingüística en favor del catalán sobre el castellano.Pese a las llamativas declaraciones del portavoz del Gobierno catalán, la Secretaría de Inmigración del mismo Ejecutivo no apreció ayer ninguna novedad en el discurso de Homs. A sabiendas de que la última palabra a la hora de otorgar permisos la tiene el Gobierno, fuentes de esta secretaría aseguraron que lo que hará la Generalitat es desarrollar la ley que aprobó el tripartito con el apoyo de CiU. La Secretaría de Estado de Inmigración declinó ayer valorar las intenciones de la Generalitat a la espera de un acto de la secretaria Ana Terrón en El Vendrell (Tarragona)..
